Y...seguimos con la LEC!!

En esta nueva entrada trataré de comentar bajo mi punto de vista, la noticia publicada por "El Punt", donde Jaume Graells, Director general de Educación Básica y Bachillerato del Departamento de Educación, el cuál nos aporta su visión acerca de la Nueva Ley de Educación catalana.

Pues bien, he de decir, que se agradecen estas publicaciones, pues nos ayudan a comprender un poco más y desde la perspectiva de un profesional, el funcionamiento y organización del sistema educativo, que esta nueva ley pretende implantar.

Pero una vez más, obtenemos una visión contrapuesta a la opinión y criterio de otros profesionales de la educación. Es decir, que nos encontramos en una situación en la que cada uno de estos sectores, los inmovilistas, según el adjetivo propuesto por este profesional en el artículo, que se corresponderían con la mayoría de docentes y sindicatos del país, que se niegan a implantar cambios en los centros escolares bajo las consideraciones que plantea la LEC, y por otro lado, estarían los que las defienden, y ven en ella la reforma necesaria para mejorar el sistema educativo.

Es decir, que de nuevo, nos encontramos ante un tema tan importante, como es la Educación, en el que no existe un consenso por parte de todos los sectores implicados. Y des de mi escasa formación al respecto, me pregunto: ¿qué se puede esperar de una ley en la que no existe un consenso y la mayoría de personas se muestran reticentes?

En mi opinión, un fracaso total, puesto que en primer lugar, lo que se debería hacer, es tratar de pactar las cuestiones en las que surgen discrepancias, y que cada una de las partes, en la medida de lo posible, posibilitara soluciones al respecto. Puesto, que un tema de especial importancia, para aplicar una ley de esta envergadura, y en la que los docentes van a ser los protagonistas de introducir estos cambios en la realidad educativa, se les tendría que tener un poco en consideración, y enfocar estos cambios de una manera motivadora para el profesorado, puesto que sin ello, sin esta motivación, creencia e implicación en el trabajo de cada uno, raramente se conseguirán los objetivos que esta ley anuncia.

Por otro lado, me gustaría dejar constancia de la postura que personalmente defiendo. Y es que verdaderamente, esta ley no propone cambios tan negativos en nuestro sistema educativo, toda y la expectación que se ha causado a su alrededor, pues opino, que por ejemplo, con la mayor autonomía de centros educativos, que se pretende otorgar, tal y como se expone en el documento de Bases para la Nueva ley de Educación Catalana, se podrá ofrecer una respuesta educativa a cada contexto y realidad educativa, adecuada a las demandas y necesidades que en cada entorno se presentan. En lo que no estoy de acuerdo en este sentido, es sobre el "cómo" aplicar en la práctica este cambio y quienes serán los responsables.

Tal y como se nos informa, en el artículo que nos ocupa en esta entrada, esta función y responsabilidad, recaerá directamente, en el Director de cada centro. A mi parecer, delegar esta función de gestión de la autonomía escolar, en una única persona, propone un modelo poco democrático y flexible. Estoy de acuerdo en otorgar mayor autonomía a los centros, pero bajo un sistema democrático y participativo, dónde se le confiera un mayor papel a los órganos de representación de la institución escolar, tales como, el equipo docente y directivo (en su conjunto), y sobretodo a la asociación de padres y madres (AMPA). Verdaderos conocedores de las problemáticas y deficiencias que atraviesa nuestro sistema educativo actual.

Junto con ello, otro aspecto positivo, para destacar de esta Ley, se refiere al tipo de formación que los docentes deberían recibir, tanto de manera inicial, como continua y permanente a lo largo de toda su profesión. Una formación, contextualizada con la realidad actual de las aulas, (diversidad, NNEE...), que ofrezca herramientas, estrategias y recursos para saber como actuar y afrontar esta situación de manera eficaz y eficiente.

Pero volvemos a lo mismo de siempre, mucha palabrería de cara a la galería, pero después en la práctica real todo cambia. Esta Ley, desde el primer momento de su creación, ha asociado el fracaso escolar a la gestión pública y al profesorado. De llano, se equivocan. Cada uno, desde la posición que ocupa en la sociedad, tiene unos deberes y responsabilidades en cuanto a su función educativa, por lo que TODOS tenemos parte de culpa y TODOS colaboramos con este mal funcionamiento.

Ahora bien, habrá que hacer hincapié, en que si nos basamos en esta cuestión que atiende a la mala praxis del profesorado, deberíamos ir al fondo de la cuestión y reflexionar, si por mucho que los docentes, dispongan de la formación y los mecanismo adecuados para ofrecer una educación de calidad a los alumnos, sin los recursos económicos necesarios para ello, poco se podrá hacer de todo lo esperado. Y bajo esta perspectiva, ¿quiénes son los verdaderos culpables?

En este último aspecto, he de mencionar, que otro aspecto que considero positivo de esta Ley, es que con esta nueva gestión, se promoverá la competitividad entre centros, por lo que posiblemente, cada uno de ellos trate de mejorar y avanzar en aquellos factores en los que se encuentran más atrasados.

Hasta aquí bien, pero, siguiendo las bases de la LEC, se propone que se concedan más recursos aquellos centros que obtengan mejores resultados y tengan una mayor proyección y promoción. Creo, que a partir de ello, se crearán centros de primera y de segunda, puesto que todos los centros no tienen las mismas características (problemáticas, ni el mismo tipo de alumnado, matrícula viva etc), y con ello, unido a una mala gestión, puede desencadenar en un terrible fracaso: resultados negativos y mala proyección y promoción exterior. Lo cual derivará en la obtención de menos recursos, que aún más agravará su situación. Por lo que la frase tan defendida por esta Ley: "Equidad y excelencia" quedaría relegada a un segundo plano, en el tema de igualdad para todos lo centros.